Telepizza quiere que nos sigamos jugando la vida por 300 euros

Samuel, de 21 años, sigue en coma vigil 18 meses después del accidente. El juez determina que circulaba cumpliendo todas las normas de circulación y fija en un millón de euros de indemnización. Telepizza se sigue negando a aceptar las demandas de sus trabajadores para mejorar la seguridad y evitar otros casos como este.

Foto: CGT-Telepizza

El 4 de julio de 2014, Samuel, repartidor de la franquicia de Telepizza ubicada en Santa Isabel (Zaragoza) sufrió un grave accidente laboral en un cruce de calles del polígono industrial de La Puebla de Alfindén. A día de hoy, Samuel sigue con graves lesiones cerebrales y en estado de coma vigil. El día 2 de enero de 2016 se cumplía el plazo fijado por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza para concretar la cuantía de la indemnización del trágico accidente, que asciende a un millón de euros.

La Fiscalía calificó en su día los hechos como una falta de lesiones por imprudencia, condenando al conductor que arrolló a Samuel a una multa económica. Sin embargo fue finalmente absuelto por la Audiencia de Zaragoza, ya que el pasado 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal que despenaliza las faltas.

Según informa el Heraldo de Aragón, quedó demostrado que el repartidor de Telepizza circulaba correctamente cumpliendo todas las normas de circulación. Cuando llegó la asistencia medica al lugar del accidente, el joven trabajador no llevaba puesto el casco, lo había perdido tras los dos fuertes golpes. El juez afirmó que se había comprobado que el joven llevaba abrochado la correa del casco, elemento importante para demostrar el buen uso del mismo por parte del repartidor.

Según el anterior delegado de prevención de CGT en la empresa en el momento del accidente, tras conocer la sentencia explicaba que “irónicamente la lógica de la dirección de la empresa ha sido siempre responsabilizar a los trabajadores de los accidentes sufridos. Esto lo demuestra no solo los comentarios y “bulos” sobre la irresponsabilidad de los moteros en general, que la empresa lanzó tras el accidente sino que, objetivamente, los distintos y penosos “Planes de Prevención” que ha realizado la empresa en vez de mejorar las medidas y los equipos de protección que permiten evitar los daños gravísimos que pudieran producirse de los accidentes de trabajo, por el contrario, las medidas que propone la empresa se centran, en última instancia, en responsabilizar a los repartidores”.

Los días posteriores al accidente del joven trabajador, los empleados de distintas tiendas, a propuesta de los delegados sindicales de CGT en Telepizza, mostraron su apoyo al accidentado realizando dos paros solidarios -el 26 de julio y el 1 de agosto- donde además exigieron la mejora de las medidas de seguridad laboral en la empresa. Estos paros de solidaridad no tienen precedentes en la historia de la multinacional en el Estado español, pues son las dos primeras huelgas parciales que los trabajadores convocan desde que el magnate Fernández Pujals fundara Telepizza a finales de los 80. Sin embargo, a día de hoy la dirección de la empresa sigue negándose a mejorar sustancialmente la seguridad a pesar de los abultados beneficios obtenidos.

Telepizza se niega a mejorar la seguridad de los trabajadores

Los representantes sindicales de CGT solicitamos a la empresa una investigación exhaustiva por el suceso ocurrido en Santa Isabel, pero la empresa se negó a ello por considerar que el repartidor “pertenecía a otra empresa” alegando que éste trabajaba en un establecimiento propiedad de una franquicia de la multinacional. Argumento nada fundamentado, dicha franquicia es suministrada (mercancías, ropa de trabajo, equipos de seguridad, medios materiales, de transporte, etc…) por la misma compañía multinacional. Desde la sección sindical de CGT planteábamos “que los hechos concretos de este accidente de trabajo gravísimo se viene ocultando a los representantes de los trabajadores y que desgraciadamente nos tenemos que enterar a través de la prensa, y esto es un auténtico obstáculo a la labor de los representantes y los delegados de prevención que tratamos que los resultados de estos accidentes no vuelvan a repetirse ni una sola vez en el sector del reparto a domicilio”.

En este sentido, tras las dos huelgas parciales y una negociación en el SAMA que terminó en una negativa rotunda por parte de la empresa y luego a propuesta de CGT se convocó en agosto de 2014 una reunión del Comité de Seguridad y Salud para seguir planteando la mejora de las condiciones de seguridad. En un Comunicado posterior, CGT informábamos a los trabajadores y trabajadoras de dicha reunión con la empresa: “planteamos que se eligiese un casco acordado con los representantes de los trabajadores y acorde con las mejoras producidas estos años en el mercado. Aunque, respecto al resto de medidas, lo que más sorprendió es que después de que la empresa quisiera tapar el bulto insistiendo en que a los repartidores se les había hecho entrega de los supuestos “equipos de protección” y, de que los cascos “quita-multas” de 30 euros que tenían los repartidores estaban homologados, resulta que absolutamente ninguna de las chaquetas, pantalones y guantes que se les entregaba a los repartidores, ni tan siquiera habían pasado las pruebas de homologación que exige la ley. Finalmente la empresa, después de negarse en la práctica a conceder las demandas y de lanzar “bombas de humo” sobre las propuestas, y después de que CGT preguntase cuánto dinero iba a destinar la empresa para hacer efectivas las demandas, la empresa planteo que en realidad todo dependía de la inversión financiera. Es decir, que al parecer, los planes de inversión de la multinacional volvieron a valer más que la protección y la salud de los trabajadores”.

En última instancia los accionistas de Telepizza prefieren que “su inversión financiera” sea destinada a engordar sus ya abultados beneficios que a destinarlos a mejorar de forma significativa los equipos de protección individuales (EPI). Precisamente la forma en la que han obtenido grandes beneficios ha sido minimizando “costes”: empezando por pagar la ridícula cantidad de 5 euros la hora -además de la traición de CCOO y UGT al aceptar la segregación del convenio de hostelería-, pero también reduciendo en todo aquello que para los “grandes” no sea beneficioso, como en EPI´s.

Desgraciadamente no existe una ley que obligue a una empresa el cumplimiento de normas de seguridad vial que protejan al trabajador cuando se juega su vida en las calles repartiendo. Hasta ahora, ningún gobierno de ningún “color político” ha querido hacer una medida similar, y no es de extrañar, porque las leyes actualmente están hechas para beneficiar a los empresarios. Es decir la acción de los representantes de los trabajadores está sujeta a leyes que limitan la labor sindical en pro de los empresarios. Dada esta situación es una necesidad ir de lo “sindical” a lo “político” exigiendo ordenanzas municipales que blinden al trabajador en estas situaciones. Ayuntamientos, como el de Zaragoza en Común, que dicen gobernar para los de “abajo” y la “gente”, deberían tomar nota de una de las reivindicaciones más urgentes de este sector de la juventud precaria y aprobar urgentemente una ordenanza que obligase a las empresas de reparto a domicilio equipar con EPIs de primera a todos sus trabajadores.