Las propuestas de Barcelona en Común en materia de vivienda parten del respeto a la propiedad inmobiliaria de los especuladores y apelan a la negociación con ellos. Un programa impotente para resolver el grave problema habitacional de la ciudad.
15 de Octubre de 2011. Barcelona vive una gran movilización convocada por el movimiento 15M a nivel mundial. Se cumplen cinco meses desde que la juventud indignada tomara las plazas de las principales ciudades y pueblos del Estado español. En este tiempo distintos movimientos sociales como las mareas o la PAH se han visto reforzadas con nuevos activistas y una gran simpatía y apoyo popular.
Al finalizar la manifestación distintas columnas se dirigen a hacer actos de protesta generalizadas. Una de ellas es la verde, color representativo de la lucha contra los desahucios.
Llega a Nou Barris, el distrito con más lanzamientos de toda la ciudad y las tasas más elevadas de pobreza. La acción quiere reivindicar el derecho a techo y lo hace tomando un edificio vacío. Pertenece a una constructora embargada con lo que iba a ser otro inmueble en manos de la banca para la especulación. En cuenta de ello se convierte en hogar para diez familias y sus bajos se habilitan como equipamiento para el barrio.
Abril de 2013. Sabadell. La PAH decide ocupar un edificio de vivienda propiedad del SAREB. Se trata del conocido como “banco malo”. Una entidad creada por el Estado y sostenida con dinero público para comprar a un precio muy por encima del de mercado parte del paquete inmobiliario en manos de la banca. ¿Con que objetivo? Cubrir con dinero público el agujero en los balances de las entidades financieras que supone tener miles de pisos vacíos que valían cada día menos. Un engranaje más del rescate de los bancos con el dinero que se sustrae de la sanidad, la educación y otros servicios esenciales. Más de 40 viviendas pasan a manos de la PAH. ¿Con qué objetivo? Dar una solución habitacional a familias sin recursos o afectadas por los desahucios.
Una acción similar fue llevada adelante por la PAH de Salt. Otro edificio del SAREB. Unas 15 familias realojadas tras su ocupación por parte de la PAH en marzo de 2013. En este caso los Mossos d´Escuadra terminaron desalojándolas y devolviendo el inmueble a la cuenta de miles de viviendas vacías que pueblan las ciudades y pueblos de todo el Estado.
Se trata de tres ejemplos de lucha por el derecho a la vivienda en un país con más de tres millones de pisos vacíos, la inmensa mayoría en manos de la banca, constructores y otros especuladores. ¿Es posible dar una respuesta al problema de la vivienda? Sí, si se puede. ¿Es posible hacerlo sin afectar a los intereses y títulos de propiedad de todos estos especuladores? No, no se puede.
El nuevo gobierno municipal de Barcelona está presidido por quien fuera la portavoz estatal de la PAH, Ada Colau. Sin embargo la solución que propone para resolver el problema de los desahucios y la falta de acceso a la vivienda de miles de familias tiene poco que ver con estos tres ejemplos de lucha por la vivienda.
Colau propone como salida la negociación con las entidades para frenar los desahucios y lograr que pongan una parte de su paquete inmobiliario en alquiler social. Se deja en manos de la buena voluntad de los responsables de la crisis, de quienes han vaciado las arcas públicas para rescatar sus entidades, de quienes han dejado a decenas de familias en la calle en estos años, el acabar con el problema habitacional.
En contra de este programa totalmente respetuoso con la propiedad de un puñado de capitalistas, la solución al problema de la vivienda pasa por pelear por la expropiación de todo el parque inmobiliario en manos de los especuladores para facilitar una vivienda digna a todas las familias trabajadoras. Para acabar con el drama de los desahucios hay que seguir combatiéndolos e imponer leyes punitivas contra la banca en la perspectiva de la lucha por la nacionalización de todo el sistema financiero.
Muchos responderán a esto que el Ayuntamiento no tiene competencias legales para tomar estas medidas. Seguramente jurídicamente es así. Pero ¿No se podría llamar a repetir y generalizar experiencias como la de Nou Barris, los Sabadell o los Salt con todo el apoyo del gobierno del cambio? Desde luego esto no entra dentro de la estrategia de Colau de pacto con el ala izquierda de la casta y respeto a la legalidad del 78.
¿Cuál es su posición frente a la ocupación por parte de familias sin vivienda de los edificios vacíos propiedad de los especuladores? No sólo no lo apoya, sino que desde su nueva posición institucional no duda en combatirlos echando manos de la Guardia Urbana y las unidades anti-disturbios.
Así ocurrió ayer en el distrito de Sans Montjuic. Tres personas decidieron ocupar una vivienda vacía y tapiada para habitarla. Ante la denuncia de unos vecinos, ni siquiera hizo falta que llamara la propiedad, reaccionó con la celeridad necesaria para que no pasaran las 72 horas que hacen que el desalojo deba ser ordenado por un juez. El regidor del distrito Jaume Asens, antes abogado de okupas, firmó la orden que autorizaba a la Guardia Urbana a llevar adelante el desalojo. Una unidad de los anti-disturbios de la Ciutat Morta -los mismos que han sido autorizados para reforzar el operativo racista contra el top manta- intervino de apoyo al operativo.
Colau deja claro que en el terreno de la defensa de los derechos de propiedad de los especuladores el nuevo gobierno está en el lado de la legalidad, de las leyes diseñadas para defender sus intereses sobre todas las cosas.
La lucha contra los desahucios y por el derecho a la vivienda no puede relegarse a las buenas artes negociadoras de la nueva alcaldía con las entidades financieras. Una visión así sólo puede desarmar al movimiento contra los desahucios y dejar el terreno libre para que la ley, su ley, se siga aplicando sobre las cabezas de los sectores populares. Es imprescindible mantener y reforzar el camino de la organización y la movilización, tanto para frenar los desahucios que terminen ordenando los jueces – y ejecutando mossos y urbanos- como para imponer soluciones habitacionales para las miles de familias sin vivienda que pasen por la expropiación de los inmuebles vacíos en manos de la banca. Experiencias de lucha como las de Nou Barris, Sabadell o Salt, señalan el camino para resolver el problema habitacional, aunque para desarrollarlas seguramente nos topemos en frente al nuevo gobierno de Barcelona en Común.