El consejero municipal de Servicios públicos y personal, Alberto Cubero, explicó esta semana las líneas de acción del nuevo Ayuntamiento respecto al problema de las contratas municipales. Como en otros temas se avecina un aplazamiento sine die de los compromisos electorales.
El también secretario general del Partido Comunista en Aragón, en su primer pleno de área, manifestó que desde el nuevo equipo de gobierno estaban dispuestos a estudiar todos los casos de las subcontratas del ayuntamiento y mantener los compromisos con los trabajadores planteados en la campaña con su principal demanda de éstos durante años: la remunicipalización de todas las contratas.
Sin embargo, en principio aclaró que éstos tendrán que esperar a la finalización de los contratos con las empresas. Solamente se estudiarán los casos en los que haya caducado, como es ahora el caso del teléfono de atención al ciudadano 010, la asistencia al ciudadano y los puntos limpios.
Así pues hasta el momento se aparca cualquier otra remunicipalización, incluidas las que afectarían a los principales servicios como el transporte público o la recogida de basuras, en manos de grandes multinacionales, el grueso del pastel.
Cubero afirmó que tiene que ser un proceso que se lleve a cabo con «calma tranquilidad y sosiego» y se realice “dentro de los márgenes que las leyes del Gobierno español y la Unión Europea lo permitan”. Esto en el caso por ejemplo de los trabajadores de parques y jardines, en manos de FCC, significará esperar hasta el 2017 para que su demanda se estudie. Ni siquiera para entonces el nuevo concejal se comprometió firmemente a no renovar el contrato con esta gran empresa u otra e integrar a los trabajadores en la plantilla municipal.
Según denuncian los propios trabajadores, estas empresas incumplen de manera reiterada numerosos puntos de los pliegos de condiciones. Las condiciones laborales se vienen deteriorando año tras año ante la pasividad del Ayuntamiento de Zaragoza.
El actual acalde, Santisteve, aseguraba en la campaña electoral de mayo que el Ayuntamiento con la remunicipalización de los servicios “ahorraría 40 millones de euros anuales tan sólo en IVA” y que “mejoraría la calidad del servicio para la ciudad y mejoraría las condiciones laborales de sus trabajadores”. Esto generó mucho entusiasmo entre los trabajadores de las contratas municipales.
Esta apuesta por la “gestión ciudadana” de los servicios públicos se enfría hoy y se limita a tibias declaraciones de buena voluntad. Muchas empresas han sabido obtener el máximo rendimiento de beneficio de los servicios públicos externalizados, siendo una de las principales fuentes de la corrupción del régimen. Querer acabar con este modelo respetando y asumiendo el marco de la legalidad forjada en años de gobiernos del PP y el PSOE se muestra una tarea de imposible resolución.
Como en otros muchos temas la utopía de resolver los grandes problemas laborales, de vivienda o corrupción sin cuestionar el Régimen de ´78 y los intereses de los grandes capitalistas promete el aplazamiento sine die der las demandas de cientos de miles de trabajadores que han votado expectantes a las candidaturas municipales del nuevo reformismo.
Ante esta impostura es clave fortalecer la organización y lucha de los trabajadores y sectores populares para lograr imponer estas mismas demandas. En el caso de las contratas fortalecer el movimiento de los empleados de estas empresas por la remunicipalización es único camino para acabar con los negocios millonarios de estas patronales, garantizar un empleo digno y servicios de calidad.