Los pactos de gobierno de ‘Barcelona en Comú’ y la cuestión catalana

Las negociaciones de Barcelona en Común para formar de pactos, están cruzadas por el independentismo catalán; cuestión que deberá afrontar siendo una coalición de formaciones no independentistas como Iniciativa per Catalunya o Podemos.

Tras el 24M y el triunfo de Barcelona en Comú, Ada Colau viene estableciendo negociaciones con ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y PSC (Partido Socialista de Catalunya) para gobernar en el Ayuntamiento.

Ante ello, las primeras tensiones se están generando con ERC cuando en declaraciones de este lunes en Catalunya Ràdio el líder de esta formación, Oriol Junqueras, reclamó a Colau su adhesión a la hoja de ruta independentista como condición para apoyar a su gobierno municipal.

Esta exigencia no viene del cielo. Está totalmente condicionada por la hoja de ruta de Artur Mas establecida entre la Asamblea Nacional Catalana, Convergència y ERC, tras el documento sellado por el “pacto soberanista” hacia el 27-S, por el cual deberán seguir un proceso de declaración de independencia en 18 meses.

Es por ello que Junqueras declaró ver muy difícil reeditar un “tripartit”, en referencia al acuerdo de gobierno entre el Partit dels Socialistes, Esquerra e Iniciativa, que gobernó siete años en la Generalitat desde 2003. Sobre todo porque el PSC está por fuera de la hoja de ruta independentista.

Al respecto, el líder del PSC, Jaume Collboni, respondió a las declaraciones del líder de ERC que no condicione la formación de pactos a la hoja de ruta independentista. La formación socialista es la que más avanzó en pactar con Ada Colau. Así lo anunció Collboni al decir que su «hoja de ruta» está dirigida a «alcanzar un acuerdo social que nos debe permitir salir de la crisis, crear empleo y combatir las desigualdades».

Por su parte, Ada Colau afirmó sucesivas veces que no aboga por la independencia de Catalunya, aunque a diferencia de Podemos votó sí-sí en la consulta alternativa del 9-N contra la prohibición del ejecutivo en Madrid.

A la vez respondió a Junqueras en una entrevista en BTV diciendo que su formación «no será un obstáculo sino un aliado» para el derecho a decidir, pero que «no firmaremos hojas de ruta que nos son impropias, nosotros con CiU no compartimos una hoja de ruta». Y en el mismo sentido que viene planteando Podemos, su prioridad para formar pactos es la “agenda social” y para resolver las «urgencias» que la ciudadanía de Barcelona.

Sin embargo Ada Colau, antes de cumplir funciones de alcaldesa ya comenzó apoyando la hoja de ruta bastante “impropia” de la casta de CiU, en un primer gran gesto que fue avalar la firma de Xavier Trias para prorrogar el contrato del Mobile Word Congress hasta 2023, en los mismos términos que CiU.

Es decir, avaló un mega evento en beneficio de los empresarios que “darán puestos de trabajo” en condiciones esclavistas como Telefónica, en medio de una huelga de casi dos meses de los trabajadores técnicos de Movistar. Escandalosamente apoyado por Ada Colau junto a todos los demás partidos, con la oposición de los huelguistas que se concentraban en Plaza Sant Jaume exigiendo a Barcelona en Comú no apoyar o aplazar la renovación del contrato del MWC, hasta que las negociaciones con Telefónica se resuelvan a favor de sus reivindicaciones.

Tampoco un pacto con el PSC obedece a una “agenda social de urgencia”. Pactar con la otra “casta de izquierda” es actuar con uno de los “padres” del modelo de precariedad laboral contra la que hoy están luchando los trabajadores de Movistar. Los socialistas son los padrinos de la ciudad que han gobernado 28 de 32 años el ayuntamiento y parte de la casta bipartidista que se opone a la lucha por el derecho a decidir del pueblo de Catalunya. Justamente en este punto, Ada Colau coincide sobre todo con Podemos, en no tomar la lucha por el derecho de autodeterminación como un eje de la agenda política catalana. Y mientras dice querer separarse de CiU, tampoco propone una hoja de ruta para conquistar ese derecho que los sectores populares reclaman históricamente.

Otro frente abierto que tiene la futura alcaldesa es el de la izquierda independentista. Aunque la CUP aún no se ha pronunciado oficialmente, algunos de sus líderes afirmaron rechazar la propuesta de formar parte del Gobierno municipal. Ante esto Barcelona en Común declaró en un comunicado que «respeta esta decisión que considera la pérdida de una oportunidad para hacer de Barcelona una ciudad más justa, menos desigual y más participativa.»

Este alejamiento, aún a confirmar, entre la CUP y Barcelona en Común se plasmó en la decisión de la izquierda independentista de no acudir al acto de renovación del contrato del MWC, por considerar que «contradice el Compromiso de las Escaleras’ firmado por nuestras concejalas, tanto en su espíritu como en su literalidad, ya que supone un compromiso de renovación y prolongación de un contrato con GSMA, espacio donde Telefonía- Movistar tiene participación directa y enormes intereses económicos», mientras apoyaban la concentración en la Plaza Sant Jaume.

Tras las elecciones del 24M, Barcelona en Comú obtuvo 11 concejales, ERC 5 y el PSC, 4. Un total de 20 concejales, en un Ayuntamiento cuyo pleno suma 41 regidores y donde el voto del alcalde es de calidad, suma para desempatar.

Se podría objetar que no queda otra opción pactar con estos partidos para gobernar contra la derecha de CiU, PP y Ciutadans. Y que el resultado electoral, lejos de la mayoría absoluta, obliga a buscar socios para gobernar o que apoyen las propuestas del equipo municipal.

No obstante, como decíamos en otro artículo, no hay necesidad de pactos a priori en el marco de la ley electoral. Ante la retirada de Trias, Colau podría esperar hasta el 13 de junio para ser proclamada alcaldesa; cuestión que no ocurre ni en las autonómicas ni en las generales, donde una mayoría debe votar la investidura. Pero otra cuestión es ¿Y cómo podríamos gobernar si no logramos una acuerdo con otras fuerzas aunque deban ser el “ala izquierda” de la casta”?

La izquierda independentista tiene un reto al rechazar pactar con los “partidos de la mafia”. En primer lugar, plantear una alternativa de clase en el proceso soberanista. El impasse que sufre el proceso es consecuencia del desvío demagógico de CiU al frente de un bloque de unidad nacional, dentro del cual, a casi tres años la CUP ha cometido el gran error de su política de mano tendida en lo nacional hacia CiU. Tal y como la definió David Fernández en su discurso de investidura de 2012, que ha implicado la subordinar la lucha de clases al frente nacional con CiU. Es una buena oportunidad para que la CUP rompa ese bloque nacional dirigido por la casta convergente y levantar así una alternativa rupturista y de independencia de clase, tanto en la lucha por el derecho a decidir como por la transformación social.