Algunos de los nuevos gobiernos autonómicos han empezado a cuestionar el Decretazo Sanitario que impuso el PP. Sin embargo, estas nuevas medidas están muy lejos de lo que pretende la movilización social y los sectores más afectados.
El gobierno de Rajoy arrebató en 2012 la tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes con la aprobación del llamado Decretazo Sanitario. Una ley que daba continuidad a las políticas de recortes que había comenzado el PSOE contra lo público en general y contra la sanidad pública en particular.
Quitar el derecho a las sanidad, arrebatando las tarjetas sanitarias, ha sido una de las medidas del Decretazo Sanitario del PP más terribles y dolorosas para miles de familias. Inmigrantes, parados de larga duración y españoles que residan durante varios meses fuera del Estado español fueron los más afectados por esta medida. Se les restringió la cobertura médica y ahora solo se les permite ser atendidos en las urgencias en caso de embarazo, parto y pos-parto, así como la atención primaria a los menores de 18 años.
Decenas de miles de personas se quedaron de un plumazo sin derecho a la atención sanitaria. Solo en aquellas comunidades autónomas donde se saltaron parte del decretazo, a través de “programas complementarios” de diferente índole, han podido acceder al servicio de urgencias donde ya muchos y muchas de ellas llegan con patologías muy graves.
Sin embargo, el 31 de marzo pasado, el ministro de sanidad Alfonso Alonso anunció la vuelta a la atención primaria para los inmigrantes. Su “justificación” fue realmente intolerable y estaba obviamente dirigida a sus votantes más “rancios” a los cuales les disgustó mucho la medida. El ministro la justificó porque resultaba “más práctico» y se buscaba «no saturar las urgencias”. Más allá de la “anécdota” y la crueldad de sus palabras, lo cierto es que era una medida completamente insuficiente y no se ha llegado a reintegrar la tarjeta sanitaria, ni la atención especializada y el derecho de hospitalización.
Muchas y muy variadas han sido las formas de la lucha contra la exclusión sanitaria desde 2012 que se han dado a lo largo y ancho del Estado español. En ellas han participado trabajadores de la sanidad, inmigrantes, usuarios y otros sectores de trabajadores y estudiantes. Desde entonces se han realizado numerosas concentraciones, manifestaciones, y un movimiento de objeción de conciencia ante esta ley por parte de muchos médicos y enfermeras, que se han negado a dejar de atender a pacientes por su condición legal o ilegal.
Esta presión en las calles, en los centros de salud, hospitales y servicios de urgencias, ha sido fundamental para que primero el gobierno del PP “reculara” aunque muy parcialmente y después otras formaciones nuevas de gobierno empiecen sus mandatos modificando o no aplicando el terrible Decretazo Sanitario.
En las últimas semanas hemos visto como el gobierno valenciano ha anunciado a bombo y platillo la devolución de la tarjeta sanitaria y de los derechos a la sanidad pública a los inmigrantes “sin papeles”. El nuevo ejecutivo autonómico aseguró que»…los sin papeles gozarán de las mismas prestaciones que los españoles en la autonomía, incluidos la asignación de facultativo y los fármacos…».
Esta medida del gobierno valenciano es un paso adelante con respecto a la situación anterior, pero no es el derecho universal el que se devuelve a este sector de la población. Más bien esta medida mantiene la restricción de este derecho en determinadas situaciones, como aquellos inmigrantes que tengan un seguro privado –un seguro obligatorio para obtener la residencia si se tiene trabajo legal-. Éstos además deben estar empadronados en la comunidad con una antigüedad de al menos tres meses. También se restringe el derecho a aquellos inmigrantes que pertenezcan a un país que ya tenga un convenio con el estado Español que obligue al pago.
Es decir no se decreta la universalidad de la sanidad, como se viene peleando desde las mareas blancas y otros movimientos sociales desde su anulación por el PP. Si esto fuera así no habría restricciones ni por nacionalidad, ni empadronamiento ni por ninguna otra causa.
Días después del anuncio de la comunidad valenciana, el gobierno de las Islas Baleares anunció la misma medida con prácticamente las mismas restricciones. Otras dos comunidades más se han sumado, Cantabria y Aragón, y han hecho pública la intención de llevar esta medida adelante. Aunque aún está por ver si será universal la devolución de la tarjeta o se hará en las mismas condiciones que en Valencia y Baleares.
En Aragón el dirigente de podemos Pablo Echenique, hizo declaraciones sobre la necesidad de que la sanidad sea universal, además declaró que esta medida esta: “recogida en el decálogo por el cambio que Podemos presentó a Javier Lambán, presidente Aragón, como condición para que la formación morada le apoyase en la investidura”.
A pesar de estas declaraciones, todo hace pensar que nada será diferente en Aragón y que se atendrán a lo mismo que ya han establecido otras comunidades lideradas por sus partidos homólogos. En este sentido esto es indudablemente un paso muy importante para miles de familias que estaban completamente desprotegidas. No obstante, sigue siendo insuficiente porque otros muchos sectores de la población que también tienen derecho a la sanidad pública no van a poder acogerse a estas medidas debido a sus restricciones y seguirán desprotegidos.
Poner trabas y restricciones como han hecho de momento el gobierno valenciano y el Balear no es dar acceso universal a la sanidad. Dar acceso universal a la sanidad no tiene restricciones como su propia palabra”universal” indica.