La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que pretende disminuir los desahucios y frenar la pobreza energética en Cataluña, se aprobó el pasado jueves sin ningún voto en contra en el Parlamento catalán.
Dos años después de que el Partido Popular, con su mayoría absoluta, cerrara las puertas a la aprobación de la ILP por dación en pago y alquiler social propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y que contaba, además, con un amplio apoyo popular, el jueves pasado se aprobaba en el Parlamento catalán la conocida Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.
El texto que fue propuesto por la PAH, Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC y que fue aprobado sin ningún voto en contra, incluye varias medidas que pretenden hacer frente a la dramática realidad de los desahucios y los cortes de luz, agua y gas que afectan a miles de familias: “desde que la ILP se presentó al Parlamento Catalán -42 días antes de que se aprobara-, se han producido en Catalunya más de 1800 desahucios y más de 18000 cortes de suministros básicos”.
Con estas palabras denunciaba el portavoz de la PAH la dramática situación de miles de familias en Catalunya, donde las empresas que encabezan el ranking por facturación son empresas ligadas a la comercialización y distribución de los servicios energéticos como Gas Natural o Endesa y el principal sector económico es el de construcción y actividades inmobiliarias, a la vez que se convierte en una de las comunidades autónomas más afectadas por los desahucios y con elevados índices de pobreza energética.
La realidad de la clase trabajadora catalana poco tiene que ver con el lujo del negocio hotelero: el sobre-endeudamiento hipotecario que no solo implica la pérdida de la vivienda, sino también la adquisición de deudas imposibles de pagar con las principales entidades financieras, ha provocado que se desate una intolerable realidad de emergencia social. Además, la falta de regulación sobre el precio de los alquileres ha dado lugar a un mercado de alquileres con costes por encima de los que mucha gente puede pagar.
Todo eso, sumado a la falta de viviendas sociales, ha provocado el desamparo de una parte importante de la población catalana, ya de por sí arruinada por los devastadores efectos que han tenido la reforma laboral precarizando las condiciones laborales, disminuyendo sueldos y aumentando el desempleo.
Las medidas más importantes y que a su vez desataron la polémica en el interior del CIU, Partido Popular y Ciudadanos, fueron aquellas referidas a la obligatoriedad de dar lugar a un alquiler social forzoso durante tres años en aquellos casos en los que los familiares no puedan hacer frente al alquiler o pese a haber conseguido la dación en pago continúen en situación de vulnerabilidad.
Por otra parte, la nueva ley, más que pretender poner fin a los desahucios propone que las administraciones públicas se comprometan a realojar a las familias desahuciadas, y para poder hacer esto efectivo se compromete a la creación de nuevos parques de vivienda social.
De la misma manera, para hacer frente a la pobreza energética se hace responsable a la administración pública de garantizar los suministros básicos de luz, gas y agua como mínimo durante tres años, con lo que deberá llegar a acuerdos con las empresas con la finalidad de establecer importantes descuentos en los pagos.
Pese a que la ley supone un importante avance, también contiene algunas debilidades. La primera es que los puntos más controvertidos podrían ser invalidados por el Tribunal Constitucional, pero también el hecho de que sea una ley autonómica que solo afecta al ámbito territorial catalán impone serias diferencias en cuanto al tratamiento del problema de los desahucios y la pobreza energética entre las diferentes comunidades autónomas.
Aunque este hecho es leído como un paso adelante y como ejemplo de que la presión en las calles puede forzar la aprobación de leyes en el futuro, sigue siendo necesario pelear por la expropiación sin indemnización de los numerosos pisos vacíos que se encuentran bajo propiedad de bancos e inmobiliarias, así como por la regulación del mercado de vivienda y alquileres, hoy a precios tan desorbitados que acaban imponiendo el endeudamiento de miles de familias.