Cien días de gobierno de Ada Colau: tantas promesas como renuncias

Se cumplen 100 días desde que Barcelona en Comú asumiera la alcaldía de Barcelona, y en esta emblemática fecha, el balance de su gestión se mueve entre las promesas, el simbolismo y las renuncias. Repasamos los acontecimientos más destacados y su actuación frente a éstos.

El nuevo consistorio de Barcelona supera la simbólica barrera de los 100 días de gobierno. En estos 100 días la formación reformista de Ada Colau ha tenido que lidiar con los verdaderos poderes y lobbies de la capital catalana, que no se encuentran en los plenos del ayuntamiento, saldando sus encuentros con renuncias. En especial, los balances en la gestión de los numerosos conflictos laborales, destacando la lucha de las y los trabajadores de Movistar, y su reaccionaria política frente a los “manteros” de estas últimas semanas.

La lucha de clases marcó la agenda política

Ya antes de las elecciones, la campaña electoral se desarrolló en medio de una fuerte conflictividad en la capital catalana. Las y los trabajadores de Movistar llevaban adelante una valiente lucha frente a la multinacional Telefónica. Durante este proceso de lucha Barcelona en Comú (BeC), al igual que otras fuerzas políticas, firmaron el “Compromiso de las escaleras”, que expresaba que como ayuntamiento no se firmaría ningún tipo de contrato con la multinacional española mientras ésta no accediera a las peticiones de los huelguistas.

Tras mediar en el conflicto, más con el objetivo de desactivar los mecanismos de lucha de las y los trabajadores que de ofrecer apoyo real, BeC avaló con el resto de fuerzas políticas, excepto la CUP Capgirem Barcelona, el convenio que el gobierno saliente de Trias firmaba para la realización del MWC (Mobile World Congress), el evento internacional más importante de telefonía móvil y que reporta millones de beneficios para Telefónica.

Aún hoy, y con la fuerte represión que la compañía española está llevando contra los trabajadores que secundaron la huelga, BeC sigue girando la cabeza y evitando poner sobre la mesa cualquier medida que incomode a la multinacional española.

En la misma línea de conciliación con los intereses de la patronal, BeC encontró en su agenda el conflicto de los acomodadores del Auditori y del Liceu. Más allá de instar a las partes a “sentarse a negociar”, BeC no cedió frente a la demanda principal de las y los huelguistas. Éstos, contratados por una ETT, exigían su inclusión en plantilla, pero BeC (responsable máximo del Auditori) se negó siquiera a participar de una mesa de negociación, marcando una línea continuista respecto al anterior gobierno del conservador Trias.

Con estas dos actuaciones Ada Colau zanjaba de un plumazo dos luchas que cuestionaban, ambas con sus particularidades, uno de los aspectos más precarios del mercado laboral español, la subcontratación. Sí bien durante la campaña BeC exigió a la clase trabajadora (ciudadanía en su lenguaje) participar de la vida política más allá de las urnas, parece que no se refería a la lucha y al cuestionamiento de la explotación laboral, sino más bien a unas exigencias controladas hacia el consistorio.

La doble moralidad de BeC: Refugiados frente a “manteros”

En las últimas semanas asistimos a una actuación hipócrita del gobierno de BeC. Mientras por un lado lanzaba proclamas de apoyo frente a los refugiados que vienen de Siria y otros países debido a la situación de guerra provocada por la intromisión imperialista en la zona de Oriente Medio, aquí en Barcelona, donde tiene poder de actuación, lanzaba una campaña represiva contra los “manteros”.

Hace unas semanas, en las céntricas Ramblas de Barcelona, se sucedían las corridas y los porrazos por parte del cuerpo de antidisturbios de la Guardia Urbana contra los “manteros”. Si bien esta acción en concreto saltó a la esfera pública, la reaccionaria política de BeC frente a los “manteros” no se limita a este acto. Durante el verano, y cediendo frente al sindicato policial, Ada Colau aceptó extender en días y efectivos policiales el dispositivo contra los “manteros”. Frente a este a drama, la política de BeC ha sido continuar con la campaña de persecución y la estigmatización de los “manteros” que ya inició en su momento el gobierno conservador de CiU.

Esta acción no podía tomar a nadie por sorpresa teniendo en cuenta los nombramientos que el gobierno de Ada Colau iba efectuando en los primeros días al frente del ayuntamiento de Barcelona. Entre los nombramientos más polémicos se encuentra el de Amadeu Recasens, en un intento de establecer una continuidad con sus antecesores en materia de orden público ya que entre sus méritos el señor Amadeu cuenta con haber sido Director de la “Escola de Policia de Catalunya” y un fiel defensor del montaje llevado a cabo entre inspectores, comisarios y jueces en el caso “ciutat morta”, el caso más bochornoso de tortura y montaje policial acontecido en Barcelona y que entre otras consecuencias provocó el suicidio de Patricia Heras.
En definitiva, lobby comercial y el sindicato de policías presionaban a la nueva alcaldesa para que en menos de 100 días aplicara políticas racistas más contundentes que su antecesor Xavier Trias, ésta decía.

Del mismo modo que hay poner todos los recursos disponibles y exigir más para cubrir las necesidades de los refugiados, se debe buscar una solución a la situación de los inmigrantes sin papeles (que lo son por las leyes racistas) que buscan un medio de sobrevivir con el “top manta”.

Tras la manifestación de los “manteros” a las puertas del ayuntamiento, el equipo de Ada Colau creó una mesa negociadora que en breve expondrá unas líneas de actuación. Si bien esta tímida medida aún tiene que demostrar su utilidad, lo que sí debe ser una exigencia es la finalización de toda campaña represiva contra los “manteros”, acciones policiales que aún a día de hoy siguen dándose.

La bandera social y los intereses privados

Ada Colau se forjó como activista al calor de la lucha de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). En este sentido existían grandes esperanzas en que el nuevo gobierno lanzara medidas urgentes y de choque frente a los desahucios, el paro, la crisis energética, y un largo etcétera, pero de nuevo las intenciones de BeC chocaron con la realidad.

El drama de los desahucios sigue estando al orden del día. Colau y su equipo apostó por establecer una mesa de negociación con los bancos y los fondos de inversión, dueños de miles de viviendas vacías. La ingenuidad llevó a declarar al nuevo ayuntamiento que tras los primeros encuentros había voluntad de acuerdo. Hoy, después de 100 días, llevan semanas sin reunirse y no hay acuerdo a la vista.

El plan de choque contra la pobreza energética tampoco ha avanzado y hasta la fecha no hay medidas presentadas para acatar este problema social. Del mismo modo, la inversión de 96 millones de euros programada en su plan de choque, no se debatirá hasta el próximo 2 de Octubre, teniendo que buscar acuerdos y mayorías para poder lanzarlo hacía adelante.

100 días de renuncias

Estos días 100 días de gobierno de BeC han dejado tras de sí numerosas renuncias frente a los poderes económicos y policiales. Se han llevado a cabo numerosas acciones progresivas como la retirada de la acusación por parte del Ayuntamiento contra los huelguistas Isma y Dani, aunque ha retirado la acusación pero no las multas, o el incremento en 2,8 millones de euros las beca comedor, sin embargo el gobierno de Ada Colau ha conocido muy pronto los límites de este sistema capitalista que negaba con extrema ceguera.

Desde la formación reformista se apresuran a enmarcar todas estas decisiones contradictorias con su programa en una situación de “asentamiento”, “de habituarse”, y sobre todo de “pragmatismo”. Aun así, estos 100 días demuestran que las políticas reformistas, en constante busca de consenso con los poderes económicos y represivos,tienen el camino muy corto.

Sin atacar los verdaderos intereses materiales que bancos, grandes comercios o policías tienen en este sistema corrupto puesto a su servicio, no se va a poder abordar ninguna de las cuestiones que hoy desde BeC tienen sobre la mesa. O al menos no abordarlas desde una perspectiva de resolución favorable para las clases trabajadoras y populares. Estos 100 muestran que lamentablemente no está por la labor, dejando patente las contradicciones de un gobierno reformista que ni siquiera se propone seriamente hacer alguna reforma.