Casi 200 personas se reunieron el pasado viernes en Madrid, en el acto de presentación de “Sindicalistas por la Unidad Popular”, una iniciativa que se propone abrir un debate político-programático para la confluencia de la izquierda reivindicando la centralidad de la lucha obrera.
A diferencia de otros espacios de debate y confluencia de la izquierda, en los cuales la idea de que todos somos ciudadanos por igual y que las clases son una reliquia del pasado pareciera haberse impuesto irremediablemente, en el acto se respiraba un clima distinto, entre trabajadores. Se destacaban entre las presentes delegaciones de los compañeros y compañeras de Coca-Cola Fuenlabrada, Indra, Movistar, Vodafone, de los barrenderos municipales de Madrid. Todos ellos representantes de duros conflictos obreros del último período.
La iniciativa, impulsada inicialmente por sindicalistas y activistas de CCOO, Co.Bas., CGT y otros sectores, muchos de ellos militantes políticos del PCM, Corriente Roja, como también militantes sin partido, puso sobre la mesa desde su inicio el debate sobre la clase trabajadora y la lucha de clases. Un aspecto distintivo por sí solo en los tiempos que corren.
Frente a la “cosmovisión” de los nuevos fenómenos reformistas como Syriza o Podemos, que sostienen la posibilidad de generar trasformaciones políticas y económicas sin la intervención de la clase trabajadora como sujeto político, mediante la formación de una mayoría de ciudadanos-electores que transforme el Estado desde las instituciones, la recientemente formada corriente parte de una premisa clave para quienes bregamos por una perspectiva de independencia política de los trabajadores.
Diagnóstico de situación, programa político y la necesidad del debate
En los textos de convocatoria y en las intervenciones durante el acto, los ponentes ofrecieron su visión sobre la situación política que atravesamos los trabajadores y sectores populares en el Estado español.
El “marco general que preside estas elecciones” fue caracterizado por dos elementos centrales. Por un lado, por la crisis del régimen político y el sistema bipartidista, que a pesar de su desgaste, los escándalos de corrupción y de un masivo rechazo social, ha logrado mantenerse en pie. Por otro lado, por las brutales consecuencias de la crisis capitalista, cuyos costos han sido descargados sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo, atacando conquistas históricas de la clase obrera y restringiendo aún más las libertades democráticas. Una ofensiva en regla contra las mayorías populares que está en la base de un vasto odio contra el régimen y la “casta política” que hoy busca una perspectiva de “cambio”.
En efecto, el hastío social contra el régimen, en un trasfondo de lucha social extendida, abrió una profunda crisis de representación política. Ese es el marco general en el que se abrió paso un nuevo reformismo, del cual la emergencia de Podemos primero y de las llamadas “candidaturas ciudadanas” en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, son sus máximas expresiones.
Un proceso que hemos llamado el tránsito de la “ilusión de lo social” a la “ilusión de lo político”. Es decir, la superación de un momento inicial de la movilización (el 15M) en la que había primado la ilusión de que se podía “cambiar el mundo” sin intervenir en el terreno político. Sin embargo, la superación de esta ilusión social ha dado lugar a una nueva, una “ilusión política”, la idea de que es posible “el cambio” en forma gradual, entendido como la “recuperación de la democracia”, para salir de la crisis en los marcos del actual sistema capitalista y de las instituciones de la democracia liberal.
El debate actual que recorre a la izquierda española, que se expresa esencialmente como una negociación de “candidaturas electorales”, es en el fondo un debate profundo de estrategia y de programa. O dicho de otro modo, sobre cuál es el sujeto político y cuáles son las vías, los métodos y los instrumentos políticos necesarios para enfrentar la ofensiva capitalista actual y abrir un proceso de “ruptura” con el decadente Régimen político español.
En este sentido, quizá una de las principales virtudes de la joven iniciativa de Sindicalistas por la Unidad Popular sea la intención de abrir un debate serio sobre un programa “para que la clase obrera entre en acción y ocupe el centro del ‘tablero político’”, según reza en suManifiesto de convocatoria. Una idea que se profundiza en los fundamentos de suPropuesta de Programa para el debate, donde sostienen que: “No hay cambio social sin lucha, sin la clase obrera asumiendo un papel activo como abanderada de todos los oprimidos. Sólo desde la unidad y la lucha de la clase trabajadora, que somos la inmensa mayoría, podremos conseguir unas condiciones de vida dignas para todas y todos”.
Haciendo un repaso por sus propuestas centrales, en el borrador de Programa se mencionan: terminar con las reformas laborales, garantizar la educación y la sanidad públicas, reducir la jornada laboral sin reducir el salario, para repartir el trabajo y acabar con el flagelo del desempleo, aumentos de impuestos a los más ricos, la prohibición de los desahucios y el establecimiento de un parque público de alquiler social con las viviendas en manos de banqueros y grandes inmobiliarias. Las propuestas también plantean medidas democráticas elementales, como derogar la ley mordaza y todas las leyes represivas, rechazar la violencia machista, defender el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas por el Estado español y la apertura de un proceso constituyente para terminar con el Régimen monárquico del ‘78 y elegir un nuevo modelo de estado.
Todas ellas son demandas justas y necesarias para dar una salida a la crisis a favor de las mayorías obreras y populares. En términos generales, sintetizan aquello por lo que millones hemos luchado durante años en cada empresa y lugar de trabajo, en las escuelas y universidades, en los barrios y en las calles.
Sin embargo, también plantean interrogantes y debates, algo por lo demás natural en un movimiento que acaba de comenzar. Para apuntar sólo algunos de los más importantes, como por ejemplo sobre la deuda. Pagando la deuda usuraria impuesta al pueblo es imposible garantizar que “ninguna familia se queda sin alimento, vivienda, educación y sanidad”, como bien defiende el borrador de Programa. El borrador de Programa sostiene la “moratoria del pago de la deuda a los banqueros y especuladores, mientras se pone en marcha una auditoría y el pueblo decide qué hacer con ella”. Sobre este punto sin embargo, es necesario considerar la trágica experiencia griega, la cual ha demostrado que no es posible ninguna negociación pacífica con la Troika, los banqueros y especuladores. Será necesario imponerlo mediante la lucha de clases y para ello la consigna del no pago de la deuda cobra un renovado vigor. El clamor de la calle ha sido en los últimos años “no debemos, no pagamos”. ¡Y con cuánta razón!
Relacionado con la cuestión de la deuda, surge otro punto central: terminar con la llamada “austeridad” impuesta a los trabajadores y el pueblo tampoco es posible si los principales recursos productivos y energéticos siguen en manos de un puñado de capitalistas que se enriquecen a costa del trabajo ajeno. Al respecto, el borrador de Programa sostiene que no “podremos reindustrializar el país y asegurar un verdadero plan de empleo sin crear una Banca Pública y nacionalizar las industrias claves y la minería”. Esta formulación plantea una pregunta: ¿reindustrializar el país y nacionalizar las industrias clave para que estén en manos de quienes? Medidas de este calado sólo pueden servir a los intereses populares si se llevan a cabo contra los intereses de los capitalistas. Sí, es necesario nacionalizar la banca y el comercio exterior, la minería y el gran capital agrario e industrial. Pero para que estas sean medidas a favor de los intereses de la clase trabajadora, necesariamente tendrán que imponerse bajo la administración y control de los trabajadores y usuarios, como parte de un plan económico debatido y gestionado por los trabajadores.
También hay cuestiones muy importantes que merecen ser abordadas y no se explicitan en el borrador, como por ejemplo una lacra social que padecemos los trabajadores: la burocracia sindical. Si el Régimen y el gobierno del PP se mantuvieron a pesar de la profunda crisis en que se encuentran, es en buena medida porque uno de sus pilares –porque a nadie escapa que la burocracia fue un agente clave de la Transición y la consolidación del Régimen del ’78-, sigue jugando el papel de bombero de la movilización obrera.
Las direcciones sindicales burocráticas de CCOO, UGT y también de otros sindicatos menores, son hoy el principal factor de contención de la lucha de clases en el Estado, actuando como verdadero sostén del Régimen. Terminar con la burocracia sindical, democratizar los sindicatos y recuperarlos para los trabajadores, imponer la independencia política de los mismos respecto del Estado y los partidos capitalistas, son tareas fundamentales y merecen expresarse como parte de un programa de ruptura.
No es extraño que quienes se proponen una “regeneración democrática” del Régimen se cuiden de atacar a la burocracia sindical, o peor aún, que tengan entre sus filas a algunos de sus representantes. Es que sin burocracia sindical no se puede “controlar la calle” si las cosas se salen de madre, algo que reconoce hasta la CEOE.
En otro nivel, la posición frente a la Unión Europea y las imposiciones de la Troika –ahora llamada la “Cuadriga”-, es otra de las claves del borrador de Programa. Al respecto, se pronuncia por la “defensa de la soberanía nacional” y propone “un referéndum vinculante sobre la permanencia en el Euro y de la UE”.
Un debate profundo sobre este aspecto excede los límites de este artículo. Sólo apuntar dos cosas. Por un lado, sostener la defensa de la “soberanía nacional” en un Estado imperialista como el español, que a la postre oprime a otras nacionalidades e incluso mantiene enclaves coloniales como Ceuta y Melilla, es muy problemático. Se corre el riesgo de ubicarse en un terreno soberanista “de izquierda” junto a “patrones nacionales”, que no es el de los trabajadores.
Por otro lado, la clave no reside en sí mismo en “salir o no del euro”. No es un problema monetario, sino político y de clase. La perspectiva de una salida nacional al euro que hoy promueven sectores de la izquierda griega como “Unidad Popular”, plantea una clásica política devaluatoria burguesa –que significa fundamentalmente bajar los salarios- para reactivar la economía, es decir, que la clase obrera elija entre la horca (la austeridad) o la silla eléctrica (la devaluación). La realidad es que no existe una salida favorable a los trabajadores y el pueblo pobre ni en Grecia ni en el Estado español respetando las condiciones del capital, ya sea con euro o sin euro, dentro o fuera de la UE. Por ello, para enfrentar a la Europa del Capital, se trata de imponer mediante la lucha de clases una serie de medidas anticapitalistas como las que se plantean antes, que en los hechos harían imposible la permanencia en el euro, pero que sentarían las bases de una economía gestionada por los propios trabajadores.
Esto nos lleva a un último aspecto, pero no menos importante, que tiene que ver con qué tipo de gobierno es por el que debemos luchar. Desde el propio nombre del movimiento se llama a construir una “unidad popular para acometer una revolución democrática y social contra los intereses de la Troika, del capital y de esa minoría de la sociedad que es representada por las políticas de los gobiernos actuales contra los intereses de la mayoría social”.
Si dejamos de lado, por el momento, el debate sobre el concepto de “unidad popular”, que en la experiencia de la lucha de clases del Siglo XX estuvo asociado con movimientos en los que la clase trabajadora terminó subordinada a una alianza con sectores de la burguesía “democrática” -lo que la llevó a sangrientas derrotas, como en España oChile-, la pregunta que surge es: ¿por qué gobierno debemos luchar para llevar a cabo un programa obrero y anticapitalista como el que se plantea?
Desde Podemos, sectores de Izquierda Unida y otros espacios, se ha generalizado la estrategia de que la única política realista es defender un programa socialdemócrata para conquistar un “gobierno de la gente” o, en los casos más “extremos”, un “gobierno anti austeridad” o incluso de “unidad popular”. Pero allí está la fracasada experiencia del “gobierno de izquierda” de Syriza, que estrictamente no duró ni un día puesto que sólo para asumir pactó con un partido nacionalista de derecha, para darle un mentís a esa política.
La penosa experiencia del pueblo griego sólo puede llevarnos a la conclusión de que para conquistar el derecho al pan, la salud, el trabajo y la educación, hace falta luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, impuesto por la movilización revolucionaria de los explotados y oprimidos, y que tenga por perspectiva la lucha por una Europa de los Trabajadores.
Estas son sólo algunas cuestiones que merecen ser debatidas vivamente, porque hacen a la vida y el futuro de millones de trabajadores y trabajadoras. Discutir sobre todos estos y otros aspectos fundamentales, como se proponen hacer sus impulsores de aquí a una Asamblea General el 3 de Octubre, es una necesidad.
Frente a tanta manganeta telemática y tantos notables de la academia con programas pomposos para humanizar el capitalismo, los trabajadores y trabajadoras, los jóvenes y los militantes que luchamos por una izquierda de los trabajadores, nos merecemos un debate profundo sobre qué programa necesitamos para dar una salida a la crisis al servicio de la mayoría social explotada y oprimida.
Los límites de Ahora en Común y el desafío de construir una alternativa anticapitalista y de clase
En el acto de presentación, Ángel Luis Parras, referente del sindicato Co.Bas. y Corriente Roja, quien tuvo a su cargo la explicación del programa, hizo referencia a las perspectivas del nuevo movimiento.
“Sindicalistas por la Unidad Popular, ha nacido con la convicción de ayudar y apostar, desde los trabajadores/as, por una candidatura de unidad, conformada en torno a un programa de ruptura, de cambio social, y conformada de manera democrática, donde la lista sea elegida por todos y todas en unas primarias democráticas y con urnas. No está por tanto en nuestro ideario conformarnos como un espacio que sea una especie de lobby de presión de nadie para que terceros negocien por la alturas.”
Una definición que cobra relevancia por el hecho de que la iniciativa se inscribe dentro del “proceso de confluencia” de Ahora en Común (AeC). Sin embargo, y he aquí el problema, AeC está lejos de proponerse el camino de unas primarias democráticas y mucho menos un “programa de ruptura” y de clase. O al menos esa es la sensación con la que se fue mucha gente que participó de la Asamblea Estatal del pasado sábado, en la que tras un día entero de debate se impuso que no se resolviera nada, ni el programa, ni si habría una candidatura, ni el método de organización, nada. Salvo, ir a “internas abiertas”, mientras es por todos conocido que los principales referentes que se presentarán a dichas internas, como Alberto Garzón de IU, ya están negociando entre bambalinas candidaturas comunes con Podemos.
En este marco, Sindicalistas por la Unidad Popular tiene planteado un desafío mayor que no ser un “lobby de presión de nadie”. Ante los cantos de sirena de la unidad a cualquier costo, de los programas lavados y las negociaciones de cúpulas, de las apelaciones a la ciudadanía y la negación de la lucha de clases, son muchos los que comienzan a preguntarse si podrá surgir una alternativa política que defienda un programa anticapitalista y de clase, que exprese las demandas más sentidas de los trabajadores, las mujeres, la juventud, las nacionalidades oprimidas y los sectores populares del Estado español, que se proponga luchar por esa perspectiva mediante la lucha de clases.
El desafío es ayudar a la apertura de un espacio de independencia de clase que sea el germen de una verdadera alternativa política de los trabajadores.