La prueba del poder: “Ayuntamientos del cambio” para que nada cambie

Casi dos años han pasado desde que los llamados “Ayuntamientos del cambio” asumieron el poder en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, y otras ciudades.

Unidos-Podemos y las candidaturas ciudadanas han presentado a los gobiernos de estos Ayuntamientos como modelo a seguir si pudieran gobernar el Estado. Pero, ¿qué ha cambiado realmente para la vida real de millones de trabajadores y trabajadoras, parados, precarios, jóvenes sin estudios o estudiantes sin futuro, desde que la nueva izquierda española ha llegado al poder municipal en las principales ciudades del Estado?

Entre los discursos radicales de Pablo Iglesias para la tribuna -con los que dicho sea de paso se impuso contra el discurso conciliador de Iñigo Errejón en la guerra interna de Podemos-, y la practica real donde gobiernan, hay todo un abismo. Tanto pablistas como errejonistas, transformados en gestores del Estado capitalista en las grandes ciudades, han negado las demandas de remunicipalización de los servicios públicos, el derecho a la vivienda y al trabajo, la ruptura con las grandes corporaciones empresariales y el no pago de la deuda ilegítima.

En cambio, desalojan a los “manteros” inmigrantes, chocan contra los trabajadores en huelga (como el metro de Barcelona), pagan religiosamente a los grandes bancos acreedores de la deuda ilegítima, hacen acuerdos con los grandes empresarios y negocian las políticas con el PSOE.

Los “Ayuntamientos del cambio” son la prueba del poder de Podemos-Izquierda Unida y sus aliados como Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona. Y no la han superado. En casi dos años de gobierno han demostrado que no están dispuestos a ir más allá de tibias medidas cosméticas, sin resolver ninguna de las demandas sociales ni democráticas pendientes, cediendo a cada paso ante las presiones de las empresas, los bancos y la derecha tradicional.

¿Y la remunicipalización de los servicios públicos?

Decenas de Plataformas por la remunicipalización de los servicios públicos vienen trabajando en todo el Estado para exigir que se cumpla lo que fue una promesa de campaña de estas candidaturas, que desecharon ni bien asumieron.

En las grandes empresas de servicios, estratégicas para el funcionamiento de la ciudad como limpieza, cuidado de parques y otros servicios públicos, se han mantenido y renovado las concesiones a las grandes empresas privadas que vienen haciendo negocios millonarios a costa de los trabajadores y usuarios. Y en los poquísimos casos que se producido alguna remunicipalización -de sectores muy pequeños-, se han realizado en condiciones completamente desfavorables para los trabajadores, como el escandaloso caso de Madrid donde el Ayuntamiento ha decidido despedir a 37 trabajadores del centro deportivo Moscardó, negándose a subrogar a la plantilla.

En esta cuestión central, nada ha cambiado respecto a los gobiernos anteriores. Se garantiza la continuidad de los negocios capitalistas a costa de los servicios públicos, contando con la complicidad de los sindicatos mayoritarios, que se niegan a luchar por la remunicipalización, como es el caso de UGT y CCOO en el sector de limpieza, por dar solo un ejemplo.

En todo el Estado es necesario desarrollar la lucha por la remunicipalización de los servicios públicos, mediante la movilización de los trabajadores y usuarios, con campañas, acciones, encierros, huelgas sectoriales y huelgas generales por ciudades. Porque esta es una demanda que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras.

Al mismo tiempo, es necesario plantear que las remunicipalizaciones se hagan sin indemnización alguna a las empresas que han lucrado con los servicios públicos, y bajo el control de trabajadores y usuarios, el único modo de garantizar un servicio eficiente, al servicio de las necesidades sociales y sin corrupción estatal.

¿Y la vivienda para todos?

En el mes de enero, la Coordinadora por la vivienda de Madrid replicaba a Manuela Carmena, por sus declaraciones sobre la cuestión de la vivienda: “Es lamentable que la alcaldesa no vea cómo el boom constructor y la estafa bancaria dibujan el paisaje en el que todas somos afectadas. Al contrario, fortalece con su discurso un modelo neoliberal en el que la vivienda se convierte en mercancía en vez de ser un derecho fundamental: creemos que se pierde una oportunidad única de hacer de la lucha contra la pobreza y la desigualdad la punta de lanza del proyecto municipal.”

Desde la Plataforma han denunciado también “el miedo del Ayuntamiento a intervenir en las estructuras que sostienen la desigualdad y producen ‘casas sin gente y gente sin casas’”, a la vez que se criminaliza a quienes ocupan viviendas vacías porque no tienen ninguna alternativa habitacional. La plataforma denuncia que existen “3.000.000 de pisos vacíos en todo el Estado”, pero sigue habiendo cientos de miles de familias sin casas.

La expropiación sin indemnización de los pisos vacíos de los bancos, tanto a nivel estatal como municipal, para crear parqués de vivienda sociales, con alquileres accesibles para parados y familias empobrecidas, no puede postergarse ni un minuto más. Esta es la única manera realista de solucionar esta demanda social tan sentida que condena a la tragedia a miles de familias sin techo. Esto es lo que se niegan a siquiera intentar los “Ayuntamientos del cambio”, que prefieren sentarse a negociar con los bancos antes que resolver las necesidades de los sectores más afectados por la crisis.

¿Y la promesa de trabajo y terminar con la precariedad?

El paro y la precariedad del empleo siguen siendo una de las preocupaciones más grandes de los trabajadores. En casi dos años de gobiernos “del cambio”, ¿qué ha cambiado en esta cuestión? La verdad es que nada. Atados a la lógica de la “austeridad” del gasto y de respetar las imposiciones del Estado central, los Ayuntamientos se han negado a aplicar medidas como la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial para abrir nuevas plazas de trabajo, aumentar los presupuestos para promover planes de empleo para parados y jóvenes, planes de obras públicas bajo control de vecinos y trabajadores, y la propia remunicipalización de los servicios públicos para abrir nuevas fuentes de trabajo, etc. Tampoco se proponen terminar con la precariedad en las empresas, más allá de algún discurso para la TV.

Se podría hacer una larga lista de las demandas sociales y democráticas que los “Ayuntamientos del cambio” ni se plantean resolver. Ante cada discurso que Pablo iglesias hace en la tribuna del Congreso o en un Plató de TV, se pueden encontrar decenas de ejemplos que demuestran que no hay relación alguna entre discurso y realidad.

¿Qué izquierda necesitamos?

La emergencia de Podemos fue vista por millones como la posibilidad de que surgiera un nuevo partido de izquierda que dijera basta a seguir siendo los trabajadores y trabajadoras, la juventud, los parados y los pensionistas los que paguemos los platos rotos de la crisis capitalista. Con ese apoyo hoy Unidos-Podemos, Ahora Madrid, Barcelona en Comú y otras fuerzas afines han ganado un enorme peso superestructural y de integración en las instituciones del Régimen: aparte de ostentar el gobierno en las principales ciudades, tienen 67 diputados nacionales, 21 senadores, 145 diputados autonómicos, 5 Eurodiputados y varios cientos de concejales en ciudades todo el Estado español.

Pero, ¿qué se ha conseguido con esto? ¿De qué sirve un nuevo partido de izquierda con cientos de diputados nacionales y autonómicos, concejales, etc., que no resuelve las demandas más elementales por las que millones le dieron su apoyo? Podemos nació con un discurso contra la “casta política”, pero los límites de su programa lo han transformado en una nueva aristocracia de izquierda.

Sus representantes aparecen permanentemente en la televisión, hacen discursos encendidos y hasta se acercan a las luchas para hacerse selfies y poner algún tuit, pero son incapaces de luchar seriamente por mejorar la situación de la mayoría de la población. Porque para eso hay que enfrentarse a los poderes reales con la fuerza de la movilización de los trabajadores, las mujeres y la juventud, no integrarse mansamente a sus instituciones.

La movilización social está retornando a las calles. Sólo en la última semana, cientos de miles de mujeres y jovenes tomaron las calles de todos el estado para luchar contra la violencia machista, en defensa de la educación pública y contra los ataques del Gobierno. En mayo, las Marchas de La Dignidad nuevamente volverán a confluir en Madrid para luchar por el pan, el trabajo, la dignidad y contra el pago de la deuda. Es necesario canalizar esta energía social hacia un plan de lucha contra el gobierno y los recortes.

La experiencia que ya están haciendo con los Ayuntamientos del cambio miles de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y estudiantes, plantea la necesidad de agrupar a los sectores anticapitalistas, para luchar juntos por reactivar la movilización obrera y popular y defender un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

Para ellos necesitamos una nueva izquierda, sí, pero que sea anticapitalista y de los trabajadores, que frente a los límites reformistas de Unidos-Podemos, diga claramente que no es posible reformar el capitalismo y que plantee la única perspectiva realista para conquistar todas las reivindicaciones pendientes, un gobierno de los trabajadores y el pueblo.